Importantes cambios legislativos afectan a las sociedades de Panamá

avisoESCambios importantes de la legislación offshore de Panamá se han implementado con la adopción de la Ley 52 de 2016, que establece la obligación de llevar registros contables para aquellas personas jurídicas que no realizan transacciones que sean perfeccionadas, consumadas o tengan sus efectos dentro de la República de Panamá.

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Esta nueva regulación está ahora en pleno vigor, por lo que estamos enviando esta notificación a todos los clientes que soliciten la siguiente información que se proporcionará lo antes posible:

  • La dirección donde se encuentran los registros contables (si necesitan una dirección donde depositar los registros contables, por favor contactenos);
  • El nombre y dirección del custodio de dichos registros.

A continuación encontrará las características más destacadas de esta nueva legislación vigente en Panamá:

  • La ley ha entrado en vigor el 1 de enero de 2017;
  • La norma establece la obligación de llevar registros contables para las personas jurídicas que no realizan operaciones que se perfeccionan, consuman o surten efecto en la República de Panamá. Esto significa que se aplica a aquellas personas jurídicas, es decir, empresas de todo tipo y fundaciones de interés privado registradas o reinstaladas en la República de Panamá pero que no operan dentro de la República de Panamá y por consiguiente no generan ingresos de origen panameño;
  • Los registros contables y los documentos justificativos deberán mantenerse disponibles durante un período no menor de cinco (5) años, contados a partir del último día del año calendario en el que se hayan realizado las transacciones o el último día del año calendario en que el Persona cesó sus operaciones;
  • Los registros contables y la documentación de respaldo podrán conservarse en las oficinas del Agente Residente y, en los casos en que dichos registros y documentos se mantengan en otro lugar, la persona jurídica estará obligada a informar al Agente Residente por escrito de la dirección física donde los registros contables Y los documentos de apoyo se encuentran y el nombre y los datos de contacto de la persona que los mantiene bajo custodia. Cualquier cambio en la dirección arriba mencionada debe ser reportado al Agente Residente dentro de un término de quince (15) días hábiles;
  • Si una autoridad competente solicita una información al Agente Residente, la persona jurídica deberá proporcionar dichos registros contables dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. Si no se proporcionan los documentos y la información, el Agente Residente presentará la renuncia a la persona jurídica;
  • El incumplimiento de esta nueva regulación resulta en la imposición de multas de miles de dólares

(USD 1,000.00) y Cien Dólares (USD 100.00) por cada día que pase sin que la causa que condujo al incumplimiento sea subsanada;

  • Además de obligar a llevar registros contables, como se mencionó anteriormente, la Ley 52 de 2016, también modifica el artículo 318-A del Código Tributario de la República de Panamá, específicamente mediante la suma de suspensiones de derechos corporativos por las siguientes razones:
  • Suspensión de los derechos corporativos a las personas jurídicas que permanezcan sin designar un agente residente por un período mayor de noventa (90) días calendario después de la renuncia, remoción o terminación de la existencia de su antiguo agente residente.
  • Suspensión de los derechos corporativos a aquellas personas jurídicas que incurrieron en retraso en el pago de sus tasas gubernamentales por un período de tres (3) años consecutivos.
  • Suspensión de los derechos corporativos a aquellas personas jurídicas que incurran en retraso en el pago de cualquier multa o multa impuesta y debidamente ejecutada.
  • La suspensión da por resultado la incapacidad de iniciar procedimientos legales, realizar negocios o disponer de sus activos; Incapacidad para hacer reclamaciones o ejercer cualquier derecho; Incapacidad para realizar cualquier acción corporativa que sea convincente para la persona jurídica.
  • Una vez registrada la suspensión, la persona jurídica tendrá un plazo de dos (2) años para ser reactivado. Durante este período, cualquier miembro del consejo, accionista, socio, agente residente o parte interesada puede solicitar la reactivación previa del pago de una multa de Mil Dólares (USD 1,000.00). Una vez transcurrido el plazo de dos (2) años antes citado sin la reactivación, el registro procederá con la cancelación definitiva y consecuentemente la persona jurídica será definitivamente disuelta.

La mencionada Ley 52 de 2016 también añade los siguientes elementos a la Ley 2 de 2011:

  • El artículo 9-A crea la certificación obligatoria del Agente Residente cuando se acredite que no se adeuda honorarios por el ejercicio de esta función cuando la persona jurídica, a través de su órgano de administración, decide cambiar de agente residente.
  • Artículo 10, en el que se establece la posibilidad de renunciar como agente residente cuando ha perdido comunicación con el accionista o no ha recibido el pago de sus honorarios durante tres (3) años consecutivos.
  • Por último, la Ley 52 de 2016 modifica el artículo 21 de la Ley 47 de 2013, que se refiere a la custodia de acciones al portador, observando que cuando el titular de acciones al portador no haya entregado el respectivo certificado en custodia, pierde los derechos políticos y económicos vinculados a dichas acciones representadas por el certificado de acciones al portador.
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