Ley panameña afecta el debido proceso de los bancos en Panamá

banco PanamaLa Ley 23, que entró en vigor en abril de este año, en Panamá, supuestamente busca prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el objetivo de mejorar la imagen del Istmo ante las autoridades financieras internacionales; sin embargo, el resultado de la regulación pudiera ser completamente diferente al que espera el gobierno de Juan Carlos Varela.
Bajo la nueva ley, los “departamentos de debido proceso” de los bancos adquieren un mayor, pero innecesario protagonismo. ¿Cuál es el rol de este departamento dentro de las instituciones bancarias? En teoría, las personas que trabajan allí—una información secreta que los bancos bajo ningún concepto comparten—tienen diferentes funciones, desde el monitoreo de las actividades de negocios, hasta la prevención de conflictos de intereses, así como aseguran el cumplimiento de las regulaciones para prevenir el lavado de dinero y cualquier otra acción que implique evasión fiscal.
Con la entrada en vigor de la Ley 23, los bancos han realizado un listado muy exhaustivo de “actividades” que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero. Para cuidar sus arcas, a partir de ahora los bancos en Panamá, conocidos anteriormente por sus políticas amigables hacia el mundo offshore, van a negar cada vez más servicios a clientes actuales o potenciales, por temor a que una operación legal, pero complicada, pueda caer dentro del amplísimo espectro de “lavado de dinero”.
Los funcionarios que trabajan en el “departamento de debido proceso” responden a los intereses de la Superintendencia de Bancos de Panamá, precisamente una de las que impulsó la nueva ley. Por tanto, el cliente queda desprotegido, porque dentro de su propio banco, en lugar de respuestas, llegarán más negativas.
Si una operación o cuenta fuera denegada, ¿a quién puede quejarse el cliente? Por las regulaciones existentes nunca tendrá la posibilidad de comunicarse con funcionarios del “departamento de debido proceso”, por el carácter secreto de esta membresía. Parece un círculo vicioso.
En lugar de favorecer a los clientes, Panamá se ha doblegado a las presiones internacionales y la credibilidad de su sistema bancario se verá notablemente afectada.
Durante mucho tiempo el Centro Bancario Internacional de Panamá fue esencial en el crecimiento económico que mantuvo el país, al permitir el acceso a clientes nacionales e internacionales a diferentes servicios financieros. Dicho Centro aportaba cerca del 10% del PIB panameño. Todo eso pudiera cambiar en un futuro no muy lejano.
Las personas que mueven los hilos en los “departamentos de debido proceso” han recibido una enorme inyección de poder. Tienen el veto para casi todo y no dudarán en ejercerlo para, supuestamente, “cumplir con la ley”, aunque este extremismo repercuta en las operaciones de un cliente que, legalidad mediante, busque abrir una cuenta o efectuar una transacción.